Notas sobre la aplicación de medidas de protección en CDMX y EDOMEX a favor de niñas y mujeres

Por: Aura Álvarez Barrios
aura@humanismo.mx

En Humanismo y Legalidad Consultores hemos tenido la oportunidad de brindar asesoría legal y acompañamiento psicosocial a víctimas directas e indirectas de violencia basada en el sistema de género, en la CDMX y el EDOMEX. Los casos con los que trabajamos se relacionan con el delito de feminicidio, la violencia familiar, violencia digital, el acoso y abuso sexual, y los delitos contra la intimidad sexual, principalmente. Las víctimas, en su mayoría, han sido niñas y mujeres mexicanas de distintas edades.

El prestar nuestros servicios de forma gratuita nos ha brindado la oportunidad de ayudar a nuestra comunidad y enriquecer nuestra experiencia de vida. La práctica jurídica que ejercemos dentro de la organización ha permitido mejorar nuestras habilidades como abogados/as postulantes, y desarrollar nuevas herramientas como profesionales del Derecho y la Criminología.

El terreno es duro para quienes queremos transformar la realidad interviniendo la violencia de género, sobre todo haciéndolo de forma pro bono. En nuestra labor nos enfrentamos a todo tipo de retos, como las limitaciones presupuestales y el rezago económico y educacional de quienes administran y operan las instituciones encargadas de procurar justicia.

Los casos con los que trabajamos en la CDMX y en el EDOMEX nos han permitido identificar algunas particularidades en los procedimientos penales que acompañamos. En esta ocasión, aprovecharé el vaivén de mi entrada anterior (donde enlisté las medidas de protección del CNPP y la LGAMVLV) para abordar una particularidad que he notado en la aplicación de medidas de protección a mujeres y niñas en la CDMX y el EDOMEX.

Recordemos que las medidas de protección son medidas urgentes, temporales, precautorias y cautelares, implementadas por el Estado a favor de personas en situación de violencia, o de riesgo potencial. Su propósito es prevenir, interrumpir o impedir la comisión de un delito, o la actualización de un supuesto en materia civil o familiar. Se enfocan en proteger a la víctima (directa / indirecta). Consisten en: limitar a determinadas personas acercársele (o a sus familiares), asignar vigilancia o protección policial, ordenar la entrega de documentos u objetos de uso personal, traslado a refugios, principalmente.

En casos de delitos por razón de género debe aplicarse supletoriamente la LGAMVLV, legislación que contempla órdenes de protección de carácter administrativo,[1] y órdenes jurisdiccionales.[2] Éstas son medidas más amplias que las marcadas por el CNPP, y abarcan situaciones contextuales como proporcionar recursos económicos, educativos, reubicaciones de domicilio, escuela o trabajo

Lo interesante es que éstas abordan, obviamente, conflictos asociados al sistema de género, y establecen algunas particularidades favorecedoras hacia las mujeres y las niñas: pueden solicitarlas las niñas, o un tercero que conozca la situación de riesgo.

En la práctica legal penal en la CDMX y el EDOMEX hay diversos obstáculos para el dictado efectivo de medidas de protección. Desde mi perspectiva, como consecuencia del rezago educativo de los estratos más castigados de nuestra población se reproducen estereotipos que ponen en riesgo a las mujeres, y vulneran el desarrollo cognitivo de las niñas / la niñez.

“El juez es el único que puede dictar o prohibirle que se acerque a usted porque ustedes siguen teniendo un vínculo”, “no se da el delito de violencia familiar, ¿por qué?, porque el delito dice que deben vivir en el mismo domicilio, ¡eh!”, “el juez no puede prohibirle a él que vaya porque es su casa”, son algunas de las menciones hechas por una servidora pública del EDOMEX a una persona en situación de riesgo, negándole un buen rato el dictado de medidas de protección, bajo argumentos que solo denotan el pobre conocimiento de la legislación local y federal en la materia, y la normativa procedimental penal.

He notado, además, la falta de empatía hacia la vida con otras menciones como: “yo no le puedo poner protección porque lamentablemente somos muchas víctimas en el EDOMEX”, y hacia las víctimas ofreciendo brindar un servicio inútil: “Lo único que podría hacer yo ahorita, pues si así tú lo deseas, es iniciarte una denuncia de hechos, pero no lleva o no conlleva ninguna cuestión jurídica, no la puedes hacer valer en el juez familiar, no la puedes hacer valer aquí porque ya no continúas con la integración de la carpeta, únicamente te la dejo, y pus dura 3 meses, y después de 3 meses esa carpeta se va a un archivo definitivo, y dentro de ese archivo definitivo ya no le podemos dar mayor continuidad”.

En otro caso, la víctima fue abordada en la calle recibiendo amenazas telefónicas, a pesar de ello, no se dictaron las medidas de forma inmediata argumentando que se trataba de un delito distinto. No se reconoció la conexidad de las amenazas con la investigación en curso, por lo que tuvo que presentarse un escrito en otra fecha relatando esa situación para activar las medidas de protección a su favor. Finalmente, las autoridades de procuración de justicia acordaron favorablemente nuestra petición, y nos escucharon con empatía, sin embargo, no recibió en esa ocasión la ayuda del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En fin, termino esta entrada mencionando que estas reflexiones pueden ayudarnos dentro de la organización, y de forma comunitaria, para abordar mejor los problemas asociados a la violencia basada en el sistema de género en contra de mujeres y niñas. Es por ello que comparto mis anotaciones respecto al tema, y mi experiencia en este tipo de casos. Solo colectivamente podemos evolucionar.


[1] Medidas administrativas dispuestas en la LGAMVLV: Traslado de víctimas; custodia personal o domiciliario; proporcionar a mujeres o niñas, alojamiento temporal en espacios seguros como casas de emergencia, refugios y albergues; proporcionar recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requiera; canalizar y trasladar a instituciones que integran al sistema nacional de salud para que provean gratuitamente y de manera inmediata (en caso de violación); proveer recursos y herramientas para garantizar la seguridad y acondicionamiento de vivienda, demás gastos indispensables para la mujer en su caso, sus hijas e hijos, mientras se encuentre imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios; facilitar a la mujer o la niña la reubicación de domicilio, residencia o de centro educativo; prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente la víctima directa o víctimas indirectas; reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia domicilio; protección policiaca permanente a la mujer; protección por seguridad privada; utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o niñas; solicitud a la autoridad judicial la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la mujer en situación de violencia, o niña /hijos/as; prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por otra persona, con la mujer en situación de violencia y en su caso, de sus hijas/os; resguardar armas de fuego o aquellos utilizados para amenazar o agredir a la mujer, o niña en situación de violencia; solicitar a autoridad jurisdiccional competente, para garantizar obligaciones alimentarias, la elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el cual debe inscribirse con carácter temporal en situación de violencia.

[2] Medidas jurisdiccionales dispuestas en la LGAMVLV: La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que a la persona agresora o su familia puedan ubicar a la víctima; el uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo de la persona agresora con la víctima; entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y en su caso, de sus hijas e hijos; medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares (tratándose de niñas hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su identificación); prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio, permanente o temporal de la mujer, o la niña, en situación de violencia, así́ como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente; embargo preventivo de bienes de la persona agresora, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; la desocupación por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad; obligación alimentaria provisional e inmediata; la notificación al superior jerárquico inmediato, cuando la persona agresora sea servidora pública y en el ejercicio de su cargo, comisión o servicio, se le involucre en un hecho de violencia contra las mujeres. Esta orden será́ emitida en todos los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea corporaciones públicas o privadas; la obligación de la persona agresora de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional que emitió́ la orden; la colocación de localizadores electrónicos, previo consentimiento de la persona agresora; la prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la jueza.

El recurso de revocación en materia fiscal

Por: Salvador Montoya
salvador@humanismo.mx

La autoridad fiscal como parte de su facultad para verificar el cumplimiento de la obligación de todos los mexicanos para contribuir al gasto público, derivada del artículo 31 fracción IV constitucional, puede llegar a emitir actos que afectan la esfera jurídica de las personas. Esto genera consecuencias trascendentales, pues la forma excesiva en que las autoridades fiscales aplican ciertas medidas, trae como consecuencia una afectación al patrimonio.

En este sentido, es importante que las personas conozcan los medios de defensa a través de los cuales pueden controvertir los actos o resoluciones emanados de las autoridades fiscales. Y es que no es una novedad que el sistema tributario mexicano tiene ciertas deficiencias que provocan una disparidad muy marcada entre contribuyentes. Es por ello, que se puede recurrir al recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo.

Hablando del recurso de revocación, materia de este artículo de investigación. Es un medio de defensa que puede ser presentado por personas físicas y morales en contra de actos administrativos dictados en materia fiscal por el Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Su interposición es optativa antes de acudir al juicio contencioso administrativo.

Este recurso procederá en contra de resoluciones definitivas que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos; nieguen la devolución de cantidades; dicten las autoridades aduaneras; o cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. Además, contra actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales; se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución; y que afecten el interés jurídico de terceros.

Se presentará a través del buzón tributario en el sistema del SAT, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado. El escrito debe contener:

  • Nombre, denominación o razón social, y el domicilio fiscal.
  • La autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.
  • Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.
  • Señalar la resolución o el acto que se impugna.
  • Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado.
  • Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.

En lo relativo a la resolución, está deberá ser dictada y notificada por la autoridad en un término que no excederá de 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. Ante el silencio de la autoridad se dará por confirmado el acto impugnado. El particular podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. La resolución que ponga fin al recurso podrá:

  1. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso.
  2. Confirmar el acto impugnado.
  3. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución.
  4. Dejar sin efectos el acto impugnado.
  5. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

De acuerdo con los alcances de este recurso, es importante para el contribuyente conocer la mecánica de cada uno de los medios de defensa en materia fiscal y de sus implicaciones. Siendo así, que las personas tienen la libertad de decidir cuál es el medio de defensa adecuado atendiendo a sus intereses y al caso en concreto.

Fuentes de consulta:

  • Código Fiscal de la Federación.
  • Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
  • Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • www.sat.gob.mx

La Violencia Obstétrica en México: una práctica normalizada y sin consecuencias.

Por: Zeltzin López Rodríguez
zeltzin@humanismo.mx

La conceptualización de violencia obstétrica se originó en América Latina y es la región donde más se ha arraigado.

La violencia obstétrica es una categoría poderosa para explicar lo que ocurre en muchos de los partos que el sector de salud en México atiende, precisamente, porque se nombra la realidad innegablemente presente en estos contextos, además de que el argumento de que este tipo de violencia es de naturaleza sistémica, manifestándose la violencia de género y al mismo tiempo una violencia institucional, que lamentablemente se manifiesta en muchos espacios sociomédicos como las unidades de salud y en hospitales del sector público.

La violencia obstétrica se ha percibido como una amenaza y ha sido combatida tanto por parte del gremio médico quienes son los encargados de proveer la atención al público en general por parte de las autoridades de salud a nivel federal y por parte de cada uno de los estados; al mismo tiempo que ha sido consolidado por el ámbito de la defensa de los derechos humanos.

La violencia obstétrica se ha vuelto resistente y al mismo tiempo ha permitido visibilizar una problemática presente desde hace muchísimo tiempo, pero que lamentablemente no había sido reconocida debido a que se normalizó tanto en el ambiente clínico, con mayor índice en el sector público.

La primera aparición oficial del término violencia obstétrica ocurrió en Venezuela, cuando la Asamblea Nacional de la República Bolivariana aprobó la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su artículo 15 establece:

“Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y  patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. (República Bolivariana de Venezuela, 2007)”.

Con el objetivo de visibilizar la violencia obstétrica como una de las formas de violencia en contra de las mujeres, en los últimos años se han presentado varias iniciativas de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este contexto, cabe señalar que la violencia obstétrica puede atribuirse a métricas de violencia institucional y de género que ya existen en la Ley, y en este sentido, a pesar de no existir una definición clara la regulación sobre este tipo de violencia obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la violencia obstétrica.

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 18, nos dice que

“ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.”

En México, los estados de Veracruz en 2008 y Chiapas en 2009 fueron los primeros en incluir la violencia obstétrica en las leyes estatales como una forma particular de violencia de género que repercute en  los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la pérdida de la autonomía personal y las deshumanización del trato hacia las mujeres mientras dan a luz.

Una encuesta nacional de 2016 realizada por el INEGI, cuantificó el maltrato, abuso y falta de respeto entre mujeres que habían dado a luz, y mostró que aproximadamente entre 3 o 4 de cada 10 reportaron haber sufrido estás prácticas institucionales durante su ultimo parto en el país, estas cifras fueron particularmente altos en clínicas y hospitales púbicos.

Existe la probabilidad de que estos datos estén subregistrando la prevalencia del maltrato, abuso y falta de respeto, si consideramos que muchas mujeres en México no están concientizadas de que tiene derechos, no conocen otro tipo de atención, están acostumbradas a una obstetricia hospitalaria abusiva y se ha normalizado ser receptoras de un trato totalmente denigrante; también es posible que la conciencia de tener derechos sea más alta entre mujeres que tienen una seguridad social y entre otras características, que tienen un nivel de escolaridad más alto.

Si las pacientes son vistas como incompetentes, sumisas e ignorantes, es fácil imaginar cómo podrían ser tratados de esta manera irrespetuosa, negligente y opresiva, sin que estas conductas se consideren inusuales por parte de quienes las ejecutan sino, por lo contrario, como algo normal. En consecuencia, la negación de la atención médica puede ser vista como un acto sin consecuencias, ya que las mujeres, sobre todo aquellas que provienen de pueblos indígenas o se encuentran en la precariedad, se consideran objeto sin denuncia y por lo tanto no requieren del Estado.

De este modo, la violencia obstétrica no solamente se basa en las prácticas médicas, sino también en los estereotipos y discriminación imbricada de género, étnico-racial y de clase; donde en un país la desigualdad y la división social son particularmente marcadas, reproduciéndose y profundizándose en el sistema de salud.

Admitir su existencia tiene consecuencias legales y materiales que se perciben amenazantes por parte del personal de salud y por las autoridades del sistema de salud, aunque no siempre por las mismas razones, de esta forma reconocer que la violencia obstétrica existe, conlleva una gran responsabilidad institucional y la identificación, atribución o el deslinde de responsabilidades individuales para el personal del sistema de salud, ante toda mujer víctima de violencia obstétrica, en cualquiera de los casos, implica la instauración de medidas de respuesta acorde a la gravedad de los hechos.

Finalmente, incluye la profunda e inquietante cuestión de la brecha existente entre las características ocupacionales y las actividades obstétricas nocivas, debilitantes y disruptivas por un lado; sospechar que, sobre todo, la asociación médica, que más ejerce dicha atención, no está muy interesada entre sí; sin embargo, debe reconocerse que este es un problema real, tangible y profundo y, por lo tanto, debe renovarse.

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Medidas de Protección a Mujeres y Niñas en México

Por: Aura Eloisa Álvarez Barrios
aura@humanismo.mx

Las medidas de protección a mujeres y niñas en México se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGMVV), y en las versiones locales de ésta última.

  1. ¿Qué es una medida de protección?

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un recurso cautelar que tiene por objeto proteger derechos fundamentales frente a posibles privaciones, perturbaciones o amenazas.[1] En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal las define en su artículo 62 como:

Medidas urgentes y de carácter temporal implementadas por una autoridad competente en favor de una mujer o niña en situación de violencia o de las víctimas indirectas en situación de riesgo. Tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar (penal también) que implique violencia contra las mujeres, a través de la emisión de una medida u orden de protección.

*Las medidas u órdenes de protección vinculadas a casos de violencia contra la mujer se aplicarán en los términos y condiciones que se establecen en la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece en su artículo 27 que son:

Actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

El CNPP establece en su artículo 137 que el Ministerio Público ordena la aplicación de medidas de protección cuando el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.

  • Medidas de protección en el CNPP (artículo 37)

Las medidas de protección contempladas en este ordenamiento penal son:

  • Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido.
  • Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre
  • Separación inmediata del domicilio.
  • La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable.
  • La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos.
  • Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido.
  • Protección policial de la víctima u ofendido.
  • Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo.
  • Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes.
  • El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

*En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicará de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

  • Tipos de órdenes de protección en la LGAMVLV

Por su parte, en la LGAMVLV contempla dos tipos de órdenes de protección, las administrativas y las jurisdiccionales, y establece las siguientes características:

  • Duración: Hasta 60 días prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación.[2]
  • Principios: Protección, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia, accesibilidad, integralidad, principio pro persona.
  • Dirigidas a: Mujeres o niñas / hijos/as.
  • ¿Quién puede pedirlas?: Mujer, niña, directamente o a través de algún tercero, que tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

De acuerdo con esta ley, los aspectos a tener en cuenta para dictarlas son:

  • Hechos relatados por la mujer o la niña, en situación de violencia, considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo o por quien lo haga del conocimiento a la autoridad;
  • Las peticiones explícitas de la mujer o la niña, en situación de violencia, considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo o de quien informe sobre el hecho;
  • Las medidas que ella considere oportunas, una vez informada de cuáles pueden ser esas medidas. Tratándose de niñas, las medidas siempre serán determinadas conforme al principio del interés superior de la niñez;
  • Las necesidades que se deriven de su situación particular analizando su identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, así́ como cualquier otra condición relevante;
  • La persistencia del riesgo aun después de su salida de un refugio temporal, y
  • La manifestación de actos o hechos previos de cualquier tipo de violencia que hubiese sufrido la víctima.
  • MP u órgano jurisdiccional deben considerar que la medida sea adecuada, oportuna y proporcional; la discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de identidad
  • Órdenes de protección administrativas en la LGAMVLV
  1. Traslado de víctimas.
  2. Custodia personal o domiciliaria.
  3. Proporcionar a mujeres o niñas, alojamiento temporal en espacios seguros como casas de emergencia, refugios y albergues.
  4. Proporcionar recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requiera.
  5. Canalizar y trasladar a instituciones que integran al sistema nacional de salud para que provean gratuitamente y de manera inmediata (en caso de violación).
  6. Proveer recursos y herramientas para garantizar la seguridad y acondicionamiento de vivienda, demás gastos indispensables para la mujer en su caso, sus hijas e hijos, mientras se encuentre imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios.
  7. Facilitar a la mujer o la niña la reubicación de domicilio, residencia o de centro educativo.
  8. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente la víctima directa o víctimas indirectas.
  9. Reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia domicilio.
  10. Protección policiaca permanente a la mujer.
  11. Protección por seguridad privada.
  12. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o niñas.
  13. Solicitud a la autoridad judicial la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.
  14. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la mujer en situación de violencia, o niña /hijos/as.
  15. Prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por otra persona, con la mujer en situación de violencia y en su caso, de sus hijas/os.
  16. Resguardar armas de fuego o aquellos utilizados para amenazar o agredir a la mujer, o niña en situación de violencia.
  17. Solicitar a autoridad jurisdiccional competente, para garantizar obligaciones alimentarias, la elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el cual debe inscribirse con carácter temporal en situación de violencia.

*Nota: Estas medidas pueden ser modificadas o ampliadas.

  • Órdenes de protección jurisdiccionales en la LGAMVLV
  • La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que a la persona agresora o su familia puedan ubicar a la víctima;
  • El uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo de la persona agresora con la víctima;
  • Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y en su caso, de sus hijas e hijos;
  • Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares. Tratándose de niñas hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su identificación;
  • Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio, permanente o temporal de la mujer, o la niña, en situación de violencia, así́ como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente;
  • Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias;
  • La desocupación por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad;
  • Obligación alimentaria provisional e inmediata;
  • La notificación al superior jerárquico inmediato, cuando la persona agresora sea servidora pública y en el ejercicio de su cargo, comisión o servicio, se le involucre en un hecho de violencia contra las mujeres. Esta orden será́ emitida en todos los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea corporaciones públicas o privadas;
  • La obligación de la persona agresora de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional que emitió́ la orden;
  • La colocación de localizadores electrónicos, previo consentimiento de la persona agresora;
  • La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la jueza, y
  • Las demás que se requieran para brindar una protección a la víctima.
  • Medidas de protección en casos de violencia digital y mediática

En casos relacionados con violencia digital y mediática se podrán ordenar medidas de protección específicas para garantizar la integridad de la víctima. De acuerdo con el artículo 20 sexies de la LGAMVLV, tratándose de violencia digital o mediática, la jueza o el juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de protección necesarias, vía electrónica o mediante escrito, a las empresas de plataformas difitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa.

Puede identificarse plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de internet, y la localización precisa (señalando el URL).

La autoridad que ordene las medidas de protección mencionadas puede solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de acuerdo a las características del mismo.

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[1] Video: https://www.corteidh.or.cr/que_son_medidas_provisionales.cfm

[2] El artículo 139 establece lo mismo.

Migración, un derecho humano que debe respetarse.

Por: Salvador Montoya
salvador@humanismo.mx

La migración poco a poco se ha convertido en un tema pendiente a tratar en la agenda de políticas públicas en los países, además de buscar unificar criterios en este sentido a nivel global. Ha sido vista como un principio de la libertad de tránsito, reafirmándose como parte del ejercicio de un derecho, lo cual se entiende como la búsqueda de mejores oportunidades y de condiciones de vida idóneas para distintos grupos en situación de vulnerabilidad.

Frente a los movimientos de poblaciones con alto nivel de rezago, ha surgido el desarrollo de políticas orientadas principalmente a la regulación de la internación y permanencia de extranjeros en los territorios de los países. Sin embargo, las medidas a nivel unilateral o bilateral han resultado en una cuestionable forma de respetar los derechos humanos. Como claro ejemplo está Estados Unidos, un país donde constantemente están llegando migrantes desde los países del llamado triángulo norte, y en donde recientemente las políticas migratorias han desfavorecido a los extranjeros.

Bien es cierto que los países cuentan con la soberanía para su auto preservación, prohibiendo la entrada de extranjeros dentro de sus territorios o contando con ciertas condiciones para admitirlos. Sin embargo, es importante que haya una prioridad sobre los derechos humanos que tienen los migrantes, no considerándolos únicamente como agentes de desarrollo económico. En este sentido, las autoridades de los estados tienen la responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y discriminación, fomentando públicamente la aceptación de estos grupos sociales y la celebración de la diversidad.

Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional en sus derechos humanos, esto para poder transitar sin discriminación alguna, vivir en condiciones de igualdad con otros ciudadanos independientemente de su condición. Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia. Teniendo recientemente un incidente relacionado con el tema en Texas.

Los hechos que han dado lugar a la movilidad forzada de poblaciones constituyen una diversa gama de situaciones, por esa razón, las regiones del mundo que probablemente han experimentado los conflictos más graves y complejos han dado lugar a la adopción de mecanismos más amplios de protección.

Por ello, la implementación, seguimiento y monitoreo de acuerdos y convenios con temas migratorios, responden al propósito de mantener al día los avances en los compromisos adquiridos por los países que los han suscrito, con el objetivo de aplicarlos eficientemente y obtener los resultados esperados, incluyendo la toma de decisiones sobre ajustes y mejoras en el proceso de implementación.

La decisión política de implementar y financiar efectivamente dichos convenios es una condición indispensable. Además, es necesario generar información pertinente y específica en forma de indicadores, lo que eventualmente puede implicar hacer ajustes organizacionales y de recursos humanos en las instituciones dedicadas a este tema.

Finalmente, es importante mencionar la relevancia específica que demanda la protección de los derechos de algunos subconjuntos dentro de las poblaciones migrantes. Tal es el caso de las mujeres, los niños y los discapacitados, quienes dentro de las poblaciones de refugiados requieren atención especial en materia de salud y seguridad.

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Fuentes de consulta:

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/102.asp

Desconexión Digital

Por Salvador Montoya
salvador@humanismo.mx

Las circunstancias actuales de la pandemia por Covid 19 en el mundo han generado que las condiciones de trabajo que se desarrollaban con anterioridad cambien, en este sentido el trabajo desde casa a través de medios electrónicos se convirtió en un eje fundamental para poder realizar diversas tareas.

Para las empresas invertir más horas al trabajo por parte de los empleados puede significar una mayor productividad, pero para los trabajadores puede ser un detonante que genere estrés, ansiedad, falta de descanso y otros problemas para la salud.

Bajo este preámbulo, es que el senado realizó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se aprobó un proyecto que añade el artículo 68 bis, dándole un lugar al derecho que tienen los trabajadores a la desconexión digital. Este derecho contempla que los trabajadores puedan desconectarse del trabajo y dejar de participar en comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo, como correos y mensajes electrónicos, llamadas u otras modalidades de comunicación, durante horas no laborales.

Con esto se asegura el respeto de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones e intimidad personal y familiar fuera de la jornada laboral. Es importante que se haga entender a las empresas que esta no es una medida para descuidar el trabajo, sino una herramienta para poder organizar las estructuras laborales y crear condiciones donde el trabajador tenga la oportunidad de desarrollar sus actividades fuera del ámbito laboral.

Por ello, para evitar conflictos en el desarrollo de las relaciones laborales, debe crearse una coordinación, así como una política interna que:

  • Regule los horarios de conexión entre colaboradores;
  • Estructure jornadas escalonadas o guardias para dar respuesta a las solicitudes de los clientes;
  • Fomente el respeto a los tiempos personales mediante políticas que eliminen la obligatoriedad de estar disponible fuera de los horarios laborales establecidos;
  • Concientice sobre los beneficios personales y organizacionales por la desconexión, en términos del balance vida-trabajo, y los riesgos de la conexión prolongada;
  • Evite premiar a los colaboradores cuya conexión exceda los estándares implementados en la organización.

Además, deben generarse acciones de sensibilización para el personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas. La clave está en no solo garantizar que se cumpla con este derecho en favor de la salud de los trabajadores, sino que se fomente un entorno de confianza y flexibilidad que les permita desarrollar su trabajo de forma organizada y acorde con sus necesidades, lo cual generará beneficios para las empresas en un corto plazo, mediano y largo plazo.

Bibliografía:

Reforma sobre la violencia digital, la violencia mediática, y el delito contra la indemnidad de privacidad de información sexual

Por Aura Eloisa Álvarez Barrios
aura@humanismo.mx

Las últimas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y el Código Penal Federal (CPF) en materia de violencia digital y mediática, si bien han aportado nuevas herramientas para la asesoría jurídica y el litigio en casos de violencia de género, lo cierto es que han traído nuevos retos a resolver en la práctica jurídica.

Con esta reforma se adicionaron en la normativa mexicana dos tipos de violencia: la violencia digital y la violencia mediática. A la LGAMVLV se adicionó un Capítulo IV Ter denominado «De la Violencia Digital y Mediática» al Título II, compuesto por los artículos 20 Quáter, 20 Quinquies y 20 Sexies. Al Código Penal Federal, un Capítulo II denominado «Violación a la Intimidad Sexual» al Título Séptimo Bis denominado «Delitos contra la Indemnidad de la Privacidad de la Información Sexual», compuesto por los artículos 199 Octies, 199 Nonies y 199 Decies.

Esta reforma es una expresión de las nuevas necesidades surgidas a causa del desarrollo tecnológico y las nuevas formas de interacción humana llevadas a cabo a través de dispositivos digitales. Esto, a nivel de litigio, representa una ventana de oportunidad en la que pueden sentarse nuevos precedentes y nuevas formas de resolver los delitos asociadios a la violencia basada en el sistema de género.

Estas moficaciones normativas me perecen muy interesantes, pues en la LGAMVLV se estableció que para garantizar la integridad de la víctima frente a este tipo de violencia, pueden ordenarse las medidas de protección necesarias, vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los requisitos de Ley. Asimismo, se dispuso para la autoridad que ordene estas medidas, la potestad de solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de acuerdo a las características del mismo.

Aunado a lo anterior, se debe identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentre alojado el contenido y la localización precisa del contenido en Internet, señalando el Localizador Uniforme de Recursos.

Entonces, existe la posibilidad de recabar, de forma inmediata y efectiva, información relevante a las empresas como META o GOOGLE, el resguardo, conservación y entrega de información relevante para la resolución de casos asociados a la violencia digital o mediática. Esto es trasncendente para identificar en este tipo de delitos, a los autores de los delitos y, finalmente, lograr justicia para las víctimas de éstos.

Es importante mencionar que, al Código Penal Federal, se agregó el delito de violación a la intimidad sexual, el cual, se refiere a que aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o su autorización.

Este delito se sanciona con una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1000 UMAs. Se agrava cuando haya lucro, se cometa con quien no pueda comprender el significado del hecho o pueda resistirlo, cuando sea cometido por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones, cuando haya un beneficio no lucrativo; y cuando a causa de las consecuencias del delito la víctima atente contra su integridad o vida. 

Las experiencias de las mujeres indígenas frente a las políticas hegemónicas sexuales y reproductivas

Por Marlene Rodríguez Atriano (marlene@humanismo.mx)

El término de derechos reproductivos acuñado por Marge Berer,[1] nació a finales de los años setenta y vino a reforzarse con la Reunión Internacional sobre Mujeres y Salud en Ámsterdam y la Conferencia Internacional de Población en México en el año de 1984. Más tarde, en 1994, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo (CIPD), misma que concluyó en su Programa de Acción el concepto de derechos reproductivos de la siguiente manera: 

Derechos de las mujeres y los hombres a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo de estos, a disponer de la información y los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de su salud sexual y reproductiva[2]

Por lo que hace a los derechos sexuales, en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing en 1995 se fijó su contenido, mismo que incluía “el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, a la discriminación y a la violencia”[3].

Si bien, en nuestra Constitución Federal, no existe una delimitación del contenido de los derechos sexuales y reproductivos, estos se enmarcan dentro de el derecho a la igualdad y no discriminación y a la protección de la salud. En ese sentido, a las mujeres como sujetos titulares de esos derechos se les reconoce la facultad de ejercer el control de su sexualidad, el derecho a decidir libre y responsable sobre su cuerpo sin ser sometida a coerción, discriminación o algún tipo de violencia y   al mismo tiempo el derecho a recibir todo tipo de información sexual para garantizar la salud sexual.

A pesar que de que estos derechos deben su reconocimiento a los foros internacionales y al contenido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aún persisten obstáculos de carácter cultural y social provenientes de los prejuicios y la estigmatización. Es insoslayable señalar que la sexualidad y la reproducción están influidos por elementos culturales y patrones de comportamiento de hombres y mujeres que se viven de manera distinta en diversos espacios, como el caso de mujeres   indígenas, quienes se enfrentan a realidades emergentes aun más complejas en tanto que sujetos y cuerpos que han sido invisibilizados por el control estatal.

A modo de ejemplificar algunos casos de comunidades indígenas, con indicadores que muestren la problemática del ejercicio de estos derechos, citamos a Guerrero como una de las entidades federativas que alberga la mayor población indígena en todo el país. Las regiones de la Costa Chica y  la Montaña de este estado presentan  los más altos niveles de pobreza y los menores índices de Desarrollo Humano en todo el país. Los altos índices de violencia colocan a esta entidad como una de las más inseguras y las mujeres son quienes más han resentido ésta  violencia.  En palabras del ex-Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen[4],  en materia de salud reproductiva, Chiapas, Guerrero y Oaxaca acusan los mayores rezagos y el riesgo de morir por causa materna es más del doble para una mujer indígena que una no indígena.

Estos indicadores han sido parteaguas para la movilización de las mujeres en la defensa de sus territorios y visibilizar estas desigualdades de género. Un ejemplo de ello, es la creación de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas (CGMI) en 2003 como un espacio de participación e inclusión de mujeres indígenas que trabaja desde un enfoque de género, que además nace en el contexto de los movimientos y organizaciones que crean proyectos productivos económicos y culturales, que poco a poco se fueron involucrando en la atención de las demandas sociales. En ese mismo año, para frenar los elevados índices de mortalidad materna y la constante atención discriminatoria del sector salud hacia estas mujeres, la CGMI propuso la creación de la Casa de la Salud de la Mujer indígena “Manos Unidas´”, un  proyecto creado por y para las mujeres indígenas que  brinda atención a varios municipios de  la región de la  Costa Chica-Montaña de Guerrero en Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Igualapa, San Luis Acatlán y Malinaltepec, donde habitan mujeres amuzgas, tlapanecas y mixteca.[5]

La Casa de la Mujer Indígena se enfoca en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre otros temas. Estas actividades se llevan a cabo de manera autogestiva, a través de talleres de formación y capacitación, tales como la formación de parteras. Este proyecto incluso tiene convenios con la Secretaría de Salud para la capacitación, de esta manera las parteras cumplen una función reivindicativa de los derechos de las mujeres.

Por otra parte, Lourdes Raymundo Sabino, quien trabajó con mujeres de Cuetzalan en la Casa de la Mujer Indígena, que alberga un proyecto de inclusión y de reapropiación de los derechos sexuales y reproductivos, refiere que “el nombrar estos derechos y reconocerlos como suyos, es fundamental en el ejercicio del conocimiento y la apropiación de sus derechos, mismos que trastocan directa o indirectamente sus experiencias personales y colectivas, su objetividad, su patrimonio, su cuerpo y su ser mujer, considerando sus diversas experiencias”.[6]

De ahí la relevancia de replantear el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos no solo desde la política de salud pública sino desde el ejercicio colectivo propio de las mujeres indígenas de la región que no solo exige servicios de salud pública de calidad sino la recuperación de formas no occidentales de ejercer la sexualidad y la reproducción, por ejemplo, la manera de tener a los hijos y nombrar su propio cuerpo. Es muy frecuente todavía que el derecho a decidir el número de hijas e hijos sea una cuestión que está delegada a sus esposos, incluso esta decisión también está controlada por las políticas de control natal, a través de la imposición de dispositivos como métodos anticonceptivos de los programas de salud sin el consentimiento previo y libre de las mujeres, como práctica recurrente. De acuerdo a las investigaciones de Lourdes Raymundo:

En las clínicas y/o en los hospitales, se les ignora y se decide por ellas, tanto por parte de sus parejas como de los médicos; siendo los médicos quienes deciden si las atienden cuando ellas lo necesitan o no, y también; frecuentemente son sus parejas o los médicos quienes deciden si ellas deben o no, usar anticonceptivos y cuáles usar. Es tanta la omisión y por tanto la violencia que se ejerce contra las mujeres, que hay casos en los cuales después del parto se les coloca el Dispositivo Intrauterino (DIU) sin que siquiera se les informe.[7]

Así, los derechos sexuales y reproductivos también se enmarcan dentro de las políticas de corte neoliberal, quedando frecuentemente supeditados al uso de anticonceptivos con fines de control  demográfico, lo cual demuestra que la sexualidad de las mujeres sigue siendo un medio de control y  dominación colonial y patriarcal que ejerce el Estado y que  ha contribuido a la prohibición de decidir sobre su propio cuerpo. Bajo estos esquemas, el entendimiento de la salud reproductiva de la población indígena está enfocada en la incorporación de prácticas hegemónicas de salud del “desarrollo” occidental, mismas prácticas que se inscriben sobre cuerpos feminizados por su condición de pobreza.

Es por ello que las experiencias de la defensa de los derechos de mujeres indígenas en México a través de sus propias luchas han sido ejemplos de la reconfiguración de los derechos humanos con experiencias propias de las mujeres desde el ámbito colectivo y autonómo, con base en su propia identidad para la toma de decisiones sobre su cuerpo, su pareja, hijos, y el derecho al placer, lo cual, desde luego, implica una serie de acciones  políticas y colectivas  para fortalecer sus procesos de autonomía. El espacio político donde las mujeres han podido reconstruir nuevas formas de ejercer y vivir su sexualidad está abierto a nuevos campos de acción que desestabiliza la reproducción de la desigualdad y da un nuevo contenido feminista, mismo, que de manera obligada debemos repensar.


[1] Confundadora de la publicación periódica  Reproductive Health Matters, de la cual ha sido editora desde 1993.  Actualmente es copresidenta del Consorcio Internacional para el Aborto Médico. 

[2] “Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer” Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995, Nueva York 1996, Naciones Unidas, párrafo 94 [Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf%5D

[3] Ídem, párrafo 95

[4] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Consejo Económico y Social, Naciones Unidas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, 23 de diciembre de 2013, [Disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4357.pdf?view=1%5D

[5] Espinosa Damián, Gisela “Por un mundo de libertades y derechos: La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas” en La coordinadora guerrerense de mujeres indígenas: construyendo la equidad y la ciudadanía, Espinosa Damían (coord.).  México, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (UAM-X), 2010 [Disponible en http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=CAPITULO&id=6111&archivo=453-6111qnk.pdf&titulo=Por un mundo de libertades y derechos: La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas]

[6] Raymundo Sabino Lourdes. Mujeres nahuas en Cuetzalan: Derechos sexuales y reproductivos en la re-apropiaciòn de sus cuerpos, p.8. [Disponible en http://clepso.flacso.edu.mx/sites/default/files/clepso.2014_eje6_raymundo.pdf%5D

[7] Op. Cit (Raymundo Sabino) pp. 14-15

8 de marzo de 2022

Día Internacional de la Mujer

Por: Aura Eloísa Álvarez Barrios

Cada año, el 8 de marzo nos viene bien para reflexionar sobre el lugar de la mujer en la sociedad mexicana, sobre los principales problemas que la aquejan y sobre los cambios que hay que empujar y por los cuales luchar. La brecha salarial, la desigualdad laboral, la violencia feminicida, los prejuicios de género, la violencia sexual en contra de niñas y mujeres, aún son grandes limitantes su libertad y humanidad.

Por esta razón, mi entrada de este mes la dedico a recordarnos lo importante que es liberarnos de cualquier convención, prejuicio y de cualquier idea limitante que costriña nuestro desarrollo, sensibilidad y libertad. Desde mi experiencia de vida y mis notas más profundas, me hago este recordatorio y lo comparto en este blog porque para mí es un motor que me mueve a mejorar mi vida y a mejorar mi entorno:

Mujeres, liberémonos de los mitos, las correas y las cadenas que nos han atado históricamente, y que limitan nuestra experiencia humana.

Soltemos las ideologías, los mitos y los cuentos de hadas que promueven el maltrato, la subordinación y la muerte de miles de mujeres de las formas más crueles y denigrantes.

Apostemos por transformar nuestra realidad y cambiar las mentes, incluida la nuestra, a través del estudio y el trabajo diario y constante, tanto físico, como mental y emocional.

Trabajemos en nuestra propia fortaleza, luchemos por soltar el discurso de víctimas y de subordinación, soltemos a la lucha como medio de control de nuestras mentes y nuestras cuerpas.

Por la libertad de ser, amar, pensar, actuar, conocer el mundo y transformarlo como sintamos y decidamos.

Desde Humanismo y Legalidad, seguiremos forjando un mundo donde las mujeres tengamos las mismas oportunidades, los mismos sueldos, los mismos deseos, la mejor educación, la libertad de gozar y vivir nuestras cuerpas y sexualidad como queramos sin ser juzgadas o castigadas socialmente. Continuaremos trabajando a favor de los derechos de las niñas y las mujeres, realizando trabajo pro bono para combatir con estrategias jurídicas y con asesorías gratuitas la violencia en contra de las mujeres en cualquier ámbito.

El delito del cuello blanco: Una perspectiva criminológica.

Por: Zeltzin López Rodríguez

Fue Edwin H. Sutherland quien concentró sus esfuerzos teóricos en encontrar una explicación al fenómeno de la criminalidad de las clases superiores, denominado «Delito de cuello blanco» y modificar la noción de que la delincuencia era sólo perteneciente a la clase baja. Si bien se atribuye a este autor el mérito de profundizar en los aspectos criminológicos, no podemos decir que innovó en cuanto al campo de estudio; es decir relacionar a las clases superiores con la actividad delictiva.

Uno de sus antecesores fue Morris, quién en 1934 focalizó sus investigaciones en quienes a causa de su posición social, su inteligencia y técnica para el crimen están en condiciones de moverse entre los demás ciudadanos virtualmente inmunes a toda consideración o condena. A este grupo lo denominó «Criminals of the uppenworld (Criminales del mundo superior)”.

La influencia más destacada fue la de Veblen, quien desarrolló “la teoría de la clase ociosa”’, en la que se establecía una relación profunda entre el prototipo de capitalista – hombre adinerado- y el delincuente ideal toda vez que ambos se valían de métodos eficaces, pero no legítimos para obtener el resultado esperado. Se diferenciaban en que el primero de ellos se arriesgaba menos porque se mantenía más alejado del conflicto legal.

Se entiende por delito de cuello blanco a aquellos ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social en el curso o en relación con su actividad profesional, fue ideado y presentado por Sutherland en la reunión anual organizada por la American Sociological Society que tuvo lugar en Filadelfia, en diciembre de 1939.

El objeto de estudio seleccionado causó en su tiempo un impacto revolucionario pues obligó a afrontar ciertos problemas de fondo de la criminología como lo es la real distribución de la conducta desviada entre las distintas capas sociales, y la consecuente ruptura con la ficción que consideraba al delito como patrimonio exclusivo de las «lower class», el convencimiento acerca de la existencia de una «cifra negra» de la delincuencia y de que la ley penal se aplicaba diferenciada y selectivamente.

En su libro presentado en 1939, Sutherland abarca y desarrolla tres grupos temáticos:

1- El problema del delito de cuello blanco: señala que no debe acotarse el campo de estudio a los hechos relacionados con la pobreza y sus patologías relacionadas, debido a que de este modo se deja afuera un conglomerado de relevantes conflictos. Considera que uno de los principales inconvenientes con los que se encuentra quien intente estudiar este tipo de delitos está dado porque las explicaciones comunes resultan inválidas debido a que las estadísticas están viciadas.

La cifra «negra» de la delincuencia y su problemática se entiende fundamentalmente en estos supuestos, por otra parte los sujetos activos de estos delitos son personas de clase socioeconómica alta, con poder económico y político, e influencias en los órganos encargados de la administración de justicia. Esto las torna menos vulnerables ya sea porque escapan a la detención o a la condena o bien porque pueden contratar abogados más hábiles, para su defensa.

Se advierte que los ámbitos en los que se cometen son bastante diversos, puede darse en la política, en la medicina, en la industria, en el comercio, etcétera. Sin embargo, a pesar de todo lo dicho se sabe que los costos financieros son mucho más altos que los de otros delitos.

La característica fundamental del delito es que es una conducta prohibida por el Estado contra la que éste reacciona por medio del castigo al menos como último recurso, por esta razón considera que los actos cometidos por estos autores son delitos, pero que por la implementación de procedimientos especiales, se elimina o minimiza el estigma delictivo.

Unido a ello existen factores de aplicación diferencial:

  1. Los juicios a hombres de negocios combinan miedo y admiración, homogeneidad cultural con legisladores, jueces y funcionarios.
  2. Se tiende a no usar métodos penales.

El Delito de cuello blanco (White-collar crime) fue un concepto más social que legal, fue una creación sociológica, pero posteriormente trascendió al ámbito jurídico para designar una serie de delitos con características comunes, pero conceptuar jurídicamente un concepto criminológico acuñado por sociólogos ha sido una tarea inacabada. Abundar más en el pretendido concepto jurídico de los delitos de cuello blanco y en la tipología de los que lo conforman se antoja una tarea innecesaria por inútil y estéril.

Más fructífero se antoja proseguir con el estudio de los delitos económicos y la virtualidad de la criminalización de las personas jurídicas, como estructura en la que se desenvuelve la actividad económica a gran escala. Lo que merece especial atención, no son tanto los estudios que se orientan a definir jurídicamente los delitos de cuello blanco, como a subrayar la posibilidad de exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas o a los directivos u oficiales responsables de la toma de decisiones.

Bibliografía:

TÉLLEZ AGUILERA, A. (2009) Criminología, Edisofer, Madrid, pp. 415-417.

ÁLVAREZ-URÍA, F. (2003) El delito de cuello blanco, Nómadas, núm. 1. Universidad Complutense de Madrid, pp. 1-40.

Geist, G. (2006) El delito de cuello blanco como concepto analítico e ideológico en http://www.uned-illesbalears.net/esp/materialcrim082.pdf. pp. 1-16.

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La Protección de la Labor Periodística

Por: Salvador Montoya

Ejercer el periodismo en América Latina y México en particular, se ha convertido en una hazaña de grandes dimensiones.

Los números de violencia en contra de la prensa han sido alarmantes y convocan a adoptar políticas públicas de atención hacia la actividad periodística; incluyendo también la verificación al correcto funcionamiento del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

De acuerdo con las cifras compartidas por la organización internacional Artículo 19, los primeros 39 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido los más violentos en la historia para la prensa. En ese lapso (1 de diciembre de 2018 al 14 de febrero de 2022) han sido asesinados 30 periodistas. Esta organización, dedicada a la defensa de la libertad de expresión en el mundo, contabiliza sólo aquellos casos en los que se presume que el crimen de comunicadores deriva de su labor periodística.

A las omisiones por parte del Estado, se le suma que la mayoría de los ataques a periodistas ocurren a nivel local e involucran a medios de comunicación pequeños, donde sus periodistas tienden a ser vulnerables ante grupos del crimen organizado, e incluso desconocen los mecanismos de protección.

Esta situación lleva a que las autoridades en su mayoría desliguen rápidamente los crímenes del trabajo periodístico y no se investiguen como violaciones a la libertad de expresión. Aunado a la creciente violencia contra reporteros, la cual ocurre en un contexto de diferencias entre el gobierno y un sector de la prensa.

En México actualmente, solamente seis estados del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia. Hablando también de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual no ha sido una solución efectiva para que los periodistas accedan a una justicia reparadora, sino todo lo contrario. El contexto son procedimientos largos, con sesgos de discriminación, corrupción y la apuesta al olvido. Haciendo mención que los mismos periodistas han desarrollado sus propios mecanismos de prevención y autoprotección a través de diversas organizaciones de impacto nacional e internacional.

Independientemente de  los argumentos vertidos por la actual administración, las cifras indican que hay temas pendiente en la correcta protección a periodistas. Entre estos, es fundamental hacer efectivas las medidas de protección designadas por el mecanismo de acuerdo a la evaluación de riesgo realizada; además de crear una unidad especializada para conocer de los delitos en contra de periodistas, ya que la FEADLE no ha logrado responder de manera efectiva a las graves violaciones de derechos humanos, lo cual ha resultado en un número ínfimo de sentencias condenatorias.

Siendo clave la mejora de las condiciones laborales de los periodistas a nivel nacional, lo cual incluye a las empresas de telecomunicaciones, prensa escrita y radio, teniendo ciertas obligaciones con sus trabajadores. Al mismo tiempo que el Estado garantice el acceso a la justicia y a una debida reparación integral. Para ello es clave que se tomen en cuenta condiciones estructurales y políticas públicas; sumadas a procesos de capacitación, prevención y autoprotección por parte del mecanismo.

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El arte como herramienta de transformación individual y comunitaria

Por: Aura Eloísa Álvarez Barrios
aura@humanismo.mx

He enfocado alrededor de 10 años de mi carrera profesional en atender e intervenir la violencia de género a través de la práctica legal. El interés por abordar esta temática es resultado de reflexiones que he tenido desde muy joven en torno a la desigualdad y el rezago educativo de las mujeres en México, a causa del sistema de sexo-género de orden patriarcal.

La educación a la que he accedido desde pequeña me ha permitido ser crítica con los estereotipos de género y las convenciones sociales que controlan y limitan el cuerpo y el pleno desarrollo de las mujeres mexicanas. Luego de trabajar en una organización dedicada a la investigación social en materia de derechos humanos y género, decidí llevar al plano profesional esas inclinaciones y trabajar con ellas desde mi labor como abogada.

En esa búsqueda, mientras trabajaba en una Notaría logré ser contratada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender conflictos laborales, relacionadas con el acoso en el trabajo o mobbing, y el acoso sexual laboral. Un año antes de ser contratada, en 2012, habían publicado una normativa interna disciplinaria, para sancionar ambas conductas. Esto me pareció fascinante pues institucionalmente no habían desarrollado todavía el conocimiento práctico para abordar desde el derecho administrativo sancionador el castigo a dichas conductas.

Ese trabajo me dio muchas satisfacciones y me aportó mucho en todos los aspectos. Me permitió conocer el conflicto, e indagar de forma profunda en la emotividad humana. El entrevistar a más de 40 trabajadoras y trabajadores de distintos contextos, áreas, profesiones y oficios, me proporcionó la invaluable oportunidad de desarrollar mi empatía y de conocer aspectos sobre el comportamiento humano que hasta entonces solo leía en los libros de psicología social.

Decidí dejar ese maravilloso trabajo al sentir que mi camino iba hacia otro lado. Ese plot twist recuerdo que en ese tiempo leí la Expedición a la violencia de Santiago Genovés, lectura que, junto con otras, sembró el ánimo en mí por ampliar mi perspectiva de vida y de abordaje de la violencia. Aunque pude aprender y reconocer lo valioso del trabajo que ahí se hacía, entendí que necesitaba explorar otros horizontes porque ya no me sentía a gusto juzgando el comportamiento humano, menos castigándolo.

Esta sensación de incomodidad se fue incrementando al notar cómo se abordaban y se resolvían los conflictos entre trabajadorxs: las medidas de apremio, las multas y los regaños difícilmente incidían en quienes habían cometido una falta sexual y en concebían su propio comportamiento. El inhabilitar o quitar la jubilación a una persona por haber cometido faltas sexuales no necesariamente tendría una repercusión positiva en la realidad: en un caso, ni siquiera comprendió por qué se le castigó, y esto pienso por los recursos económicos y educacionales a los que tenía acceso, los cuales eran escasos.

Una vez decidí dejar ese trabajo, me enfoqué en encontrar nuevas formas de abordar la violencia sexual. Busqué en la exploración artística herramientas que me ayudaran a abordar los estereotipos y la violencia de género desde un enfoque menos castigador y más efectivo, pues las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia en México son lentas e ineficaces, lo cual me resulta desesperante.

Mi intuición me llevó a las artes circenses y a estudiar una especialización en trabajo social con mujeres en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo práctico antes de eso me había resuelto varias cosas, así que decidí seguir en el plano más práctico posible. Luego de esto, decidí integrar a mi faceta de abogada ese conocimiento creativo y artístico lo cual he podido hacer en el trabajo que desarrollo actualmente en Humanismo y Legalidad Consultores.

Este mismo trabajo me ha ayudado a acercarme al litigio penal en casos de feminicidio y violencia digital en la Ciudad de México, y a proveer servicios pro bono a mujeres víctimas de violencia, al tiempo en que voy integrando mis inclinaciones profesionales con mi sensibilidad. Estos artículos que escribimos tanto en el blog de la organización como en el blog LGBT+ de Igualdades, son parte de esas herramientas que me ayudan a detonar ideas y a seguir descubriendo nuevas formas, más vitales, más orgánicas, más constructivas, de abordar la violencia de género en nuestro país.

Hoy que tengo más experiencia práctica, puedo reconocer cómo las autoridades de distinto orden abordan la violencia sexual en contra de mujeres, y cómo los rezagos educativos de las clases más castigadas por este sistema económico limitan nuestra experiencia humana. En el lugar en el que estemos: como ciudadanxs, como luchadorxs sociales, como agentes del Estado, como sociedad organizada, etc.

Ahora más que nunca estoy convencida que el arte es una poderosa herramienta de transformación personal y colectiva. Un arma que integrar a nuestras luchas, para ayudarnos a reconectar con el juego, por qué no, a sanarnos de tanta violencia y tanto maltrato al que estamos tan acostumbrados y acostumbradas en la sociedad mexicana.

A vivir nuestras vidas con libertad, respeto y dignidad, y con la consciencia de que las convenciones o estereotipos de género limitantes, no son más que prejuicios ante los que hay que permanecer siempre críticxs para poder tener una vida plena.

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Cuando el amor se confronta con la moral

Por Norma Bautista
norma@humanimo.mx

La última semana del año nos trajo, en la Ciudad de México, un evento impensable en un famoso parque de diversiones y atracciones al sur de la ciudad, bajo el nombre de Six Flags. Mientras una pareja gay, en compañía de amigos, se encontraba haciendo fila para subirse a un juego, les hicieron una llamada de atención y también fueron amenazados por el personal de dicho parque de sacarlos del parque si continuaban con su actitud que estaba alterando el ambiente familiar. Su falta: besarse, al igual que se besaban otras parejas heterosexuales mientras esperaban en la misma fila. Vayamos entonces desmenuzando esta historia de discriminación evidente.

Para la real academia española besar significa “tocar u oprimir con un movimientos de labios a alguien o algo como expresión de amor, deseo o reverencia, o como saludo.”[1] Mientras que un beso será la “acción y efecto de besar.”[2] Por amor, esta academia entiende que es: “ a) Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser; b) Sentimiento hacia otra persona que naturalmente (sic) nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos complementa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear; y c) Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo.”[3]

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la existencia de un régimen jurídico diferenciado, así como su interpretación que permita dar lugar a una reducción de derechos a las parejas del mismo sexo con base en su orientación sexual refuerza la doctrina de “separados pero iguales”, es decir: “la exclusión está basada en los prejuicios que históricamente han existido contra los homosexuales y perpetúa la noción de que las parejas integradas por éstos son menos merecedoras de reconocimiento que las de heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. Por ende, los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, distanciándolas de otras figuras disponibles para heterosexuales, son inherentemente discriminatorios.”[4]

Aunado a lo anterior nuestro máximo tribunal ha dicho que nuestra Constitución “protege a la familia como realidad social, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad”[5], por tanto con este criterio se reconoce que la idea de familia tradicional ha quedado superada para entender que en nuestra actualidad, las familias son tan diversas, como la forma de su integración a partir de sus integrantes, por ende el concepto social de familia es dinámico y debe adaptarse a la realidad, no así a la moralidad de las personas.

Esto cobra relevancia, puesto que en el caso que nos ocupa, fueron los propios trabajadores y directivos del centro de recreación, quienes arguyendo un marco legal interno, en este caso el reglamento o las reglas de organización de Six Flags, justificaron su actuar bajo la consideración que besarse en un parque de diversiones, constituye una falta de respeto para los demás asistentes, atentan contra la moral y el ambiente familiar que se pretende fomentar en dicho centro, sin embargo esto únicamente esta prohibido cuando esa demostración de afecto no es heterosexual. Curiosa medida en un parque de diversiones que cuenta con un festival del terror que dentro de sus atracciones tiene presencia de seres sádicos, malignos, perversos y agresivos, que invitan “a los más valientes a sobrevivir” o zonas de espanto con asesinos, caníbales y soldados de guerra.

El amor, es el sentimiento más puro entre los seres vivos. Amar a una persona es que te importe y te preocupe, pero demostrar ese amor, es de las acciones más hermosas que deberíamos de celebrar en un mundo tan caótico como el que vivimos hoy día.

Empezamos nuestro tercer año de restricciones por un virus mundial, es momento de empezar a considerar las prioridades morales de espacios públicos que buscan diversión, pero que han olvidado que nuestra sociedad ha cambiado y va evolucionado, lo que obliga a crear sociedades diversas y respetuosas de todas las maneras de pensar y actuar, nuestro límite es el derecho del otro, por supuesto, pero nunca considerar que la norma esta por encima de la sociedad y que las reglas son inmodificables.

Este inicio de año, la rectificación del parque de diversiones después de un movimiento a través de redes sociales, un besotón y llamadas de atención de las dependencias de gobierno; nos hace darnos cuenta que en ocasiones es necesario mirarnos a nosotros mismos y cuestionarnos, poner en duda todo eso errado que nos han enseñado para ver la paz que un beso puede traernos; que cuestionemos si una demostración de amor debe frenarse, en un país donde la violencia no cesa, donde la polarización se ha profundizado y en donde ver el mundo de manera diferente es señalado y sancionado.

Al menos yo no quiero iniciar este año pensando que un beso y el amor, están muy por debajo de los valores sociales, y en cambio la moral institucional o personal arcaica e ilegal, predomina y atenta contra los derechos de las personas, por que eso estimados lectores, se posiciona como una medida retrograda en un país hipócrita que no respeta la pluralidad y precisamente eso es lo que buscamos combatir. En todo caso bienvenidos los besotones, si es que así entenderemos más al otro.

Para más información y comentarios relacionados con este artículo o para conocer las acciones y el trabajo que realizamos en Humanismo & Legalidad en favor de la población LGBTTTI, les invitamos a comunicarse al correo  contacto@humanismo.mx, o visitar nuestras redes sociales.

[1] Real academia española, Diccionario de la lengua española, disponible en: https://www.rae.es/

[2] Ídem.

[3] ídem

[4] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tesis P.X/2016 (10ª.), Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 257, disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012599

[5] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tesis 1ª./J. 85/2015 (10ª.), Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 184, disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010675

Hablemos de la Violencia Intragénero

Por Salvador Montoya
salvador@humanismo.mx

La violencia ha sido uno de los problemas más importantes dentro de la sociedad, en algún momento de nuestras vidas se ha hecho presente no solo de forma individual sino colectiva. Actualmente nos encontramos con cambios de paradigma y de pensamiento que han dado relevancia a temas como la diversidad y la inclusión, buscando priorizar la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando está involucrada la violencia de género.

Como es sabido, la violencia de género hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. Nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades, siendo una de las violaciones más generalizadas la que se refiere a derechos humanos. En repetidas ocasiones esta violencia se da en relaciones afectivas, dónde hay señales muy marcadas de agresiones que impiden la plena igualdad.

Ahora bien, hay que hablar de la violencia intragénero, la cual llega a darse en relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, dónde el principal objetivo es controlar y dominar a la víctima. Teniendo características y patrones muy similares a la violencia que llega a ejercerse en relaciones afectivas de personas heterosexuales. Es decir, hay agresiones físicas, psicológicas, de control económico, e incluso se amenaza a la víctima con revelar su orientación sexual, aun cuando esta no la ha exteriorizado públicamente. Manifestando actitudes de dominio de una persona sobre otra, a través de insultos, lesiones y menosprecio. Es decir, va involucrada una tendencia de violencia doméstica, teniendo como factores de origen la edad, el nivel económico, el estado serológico, etc.

A esto se le agrega que la pandemia de COVID 19 ha permeado en que el estrés, la incertidumbre, la interrupción de la vida diaria y la inestabilidad económica afecten las relaciones de pareja, y que haya un incremento en la violencia doméstica.

La violencia intragénero no es tan común, hay países que la contemplan, pero no hay legislación especializada. Por ejemplo, al ser un tipo de violencia doméstica, en España se otorgan medidas de carácter penal y civil para protección de la víctima y sanción de la persona agresora. Estas medidas van desde prohibición de la persona identificada como agresora, para comunicarse con la víctima; acudir a determinados lugares, expulsión del domicilio familiar, hasta prisión de 3 meses a un año.

En México hasta el momento no hay claridad al respecto, ya que no hay alguna ley que la regule a nivel estatal o federal, y mucho menos alguna ley especializada. Entendiendo que la violencia de género se encuentra reglamentada con amplitud, y complementada con los tipos penales del país; aunque no contempla la atención especializada que en este tipo de casos debiera tener la víctima, así como la sanción a la persona agresora. Recurriendo la víctima a asociaciones u organizaciones para que le den el correcto seguimiento y apoyo psicoemocional.

Esto no es un tema menor, por eso es importante que se aprenda a detectar los tipos de violencia y los grupos en situación de vulnerabilidad involucrados. Además, es importante analizar los posibles huecos legales, para tener a nivel nacional todas las herramientas necesarias para abordar esta problemática desde una perspectiva del actuar estatal mediante políticas públicas que permitan limitar la prevalencia de este tipo de violencia.

En este sentido, al no existir una ley específica que proteja a las víctimas LGBTTTIQ+ en el contexto mexicano, se considera necesario debatir sobre su necesidad, así como de medidas destinadas a la protección y sensibilización de personas LGBTTTIQ+, para que no solo se trate de terminar con esta violencia, sino que también haya una debida prevención a través de la creación de mecanismos donde se pueda obtener ayuda y se fomente la denuncia por parte de las víctimas.

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Fuentes:

Bots y sus alcances legales

Por Salvador Montoya
salvador@humanismo.mx

Estamos en una época en la que las redes sociales y el contenido digital se han convertido en una herramienta fundamental de nuestra vida diaria. Esto, no sólo se relaciona al ámbito personal, sino también al profesional. Dónde, derivado de la actual pandemia de Covid 19, se ha priorizado el trabajo desde casa. Las juntas, conferencias, presentaciones e interacciones se han dado a través de plataformas digitales.

Sin embargo, estos medios digitales se han convertido en un arma de doble filo, donde es muy común que lleguen a cometerse conductas delictivas; ya que al estar conectados prácticamente todos los días a estas herramientas, nos colocamos ante un gran problema de seguridad del que no somos conscientes.

En este sentido, hay que hablar de los “bots”. Los cuales son programas computacionales que fueron fabricados para automatizar procedimientos repetitivos, agilizando los sistemas de ayuda a usuarios y difusión de información. Se encargan de enviar e-mails encaminados a la prestación de algún servicio, venta de productos o soporte en línea. Además, ejecutan diversas acciones para intentar recolectar datos personales y financieros de los usuarios. Estos bots al manejar este tipo de información, llegan a difundirla, generando la vulneración de derechos humanos a los usuarios, además de dejarlos en un estado de indefensión en cuanto a donde va a parar esa información.

Otra de las plataformas en que nos encontramos con estos bots, es en las redes sociales, donde en muchas ocasiones se utilizan para inundarlas con spam y noticias falsas, relacionadas a alertar a la población en general. Esta situación incrementa cuando se acercan elecciones a nivel nacional. La discusión en internet sobre las elecciones presidenciales en México, llega a manipularse, e incluso hay estudios que revelan el uso de una red de bots para apoyar a ciertos candidatos o demeritar a otros.

Es por ello que empresas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, luchan por eliminarlos. Facebook anunció que derrumbó 10 mil cuentas, tan solo en México y Latinoamérica por el incumplimiento de su estatuto. Twitter, reconoció y deshabilitó 500 mil perfiles sospechosos[1]. Esto al inicio de las últimas elecciones presidenciales.

Y es que no solo es una responsabilidad de las empresas manejar y cuidar que este software automatizado genere problemas legales, sino también del Estado, por eso es importante que se empiece a legislar en México sobre este tema en específico. Ya que si bien, el Código Penal Federal contempla sanciones a delitos como de revelación de secretos, acceso ilícito a equipos y a sistemas de informática, así como delitos contra los derechos de autor; no abarcan las conductas descritas con anterioridad.

Aquí puede tomarse como ejemplo a Estados Unidos, en específico el estado de California, donde se aprobó la Ley Bolstering Online Transparency, mejor conocida como la ley bot para evitar la manipulación de los usuarios en plataformas digitales. Entró en vigor el 1 de julio de 2019. Dentro de las sanciones se contemplan multas. Buscando disminuir la manipulación del electorado, además de contemplar a los bots empresariales de respuesta o promoción en redes sociales.

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Fuentes de consulta:

https://digital.la.synnex.com/como-funciona-la-industria-de-los-bots-en-mexico


[1] https://digital.la.synnex.com/como-funciona-la-industria-de-los-bots-en-mexico